Hasta hace tiempo, el cumplimiento de la legislación ambiental en Colombia era laxo. Por lo tanto, fue una sorpresa para la industria minera del país cuando, en enero, el gobierno suspendió las exportaciones de carbón de un puerto operado por Drummond, minera estadounidense, en medio de una disputa sobre la contaminación. La suspensión ha sido costosa, no sólo para Drummond: sus operaciones generan US$ 66 millones al mes en regalías e impuestos para el Fisco colombiano.El ministro de Minería, Amylkar Acosta, confirmó esta semana que el gobierno permitiría que la empresa reanude sus exportaciones a finales de este mes, cuando complete las mejorías en la instalación portuaria para evitar la contaminación de las playas cercanas.

El caso es un ejemplo de cómo el gobierno, que ha acogido favorablemente a mineras extranjeras, está teniendo que hacer frente a la inquietud pública sobre la contaminación y la forma en que la riqueza mineral del país es compartida. En una elección en mayo, el presidente Juan Manuel Santos buscará un segundo mandato. Así que no puede ignorar el clima “hostil” de la opinión pública sobre el tema, dice Álvaro Ponce, experto en minería colombiana.

Las protestas de los residentes de la zona han retrasado varios proyectos grandes, incluyendo la mina de oro propuesta por AngloGold Ashanti en la provincia de Tolima y la mina de oro y plata prevista de Eco Oro en la provincia de Santander. Un estudio realizado por la oficina de auditoría nacional de Colombia, publicado en enero, descubrió que el desarrollo económico y social en los pueblos próximos a la gran minería es menor que en los lugares donde hay cultivos ilegales de coca para la fabricación de cocaína.

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Nuevas competencias?

El Ministerio de Medio Ambiente está buscando nuevas competencias para exigir licencias para la exploración y la extracción. Las mineras se quejan de que el proceso para obtener la aprobación de proyectos ya es bastante tortuoso. Esto y la reciente caída de los precios mundiales de algunos minerales significa que hasta US$ 7.300 millones en inversiones están paralizados, dicen. Acosta advierte que las mineras deben aceptar que, además de conseguir sus permisos oficiales, tienen que convencer a las comunidades locales de aceptar su presencia, ganándose una “licencia social” para operar. “Sin eso, los proyectos se vuelven inviables”, señala. A pesar de todos los tropiezos y retrocesos, Colombia está avanzando en su ímpetu por explotar sus reservas de mineral.

En 2013 la inversión minera fue de US$ 3.600 millones, 21% más que en 2012. La minería ya representa el 2,3% del PIB y el 7% de las exportaciones, y las empresas extranjeras todavía hacen fila para explorar nuevas alternativas.

Para los estándares de las economías emergentes ricas en recursos, es un lugar bastante bien dirigido, por lo que lo más probable es que va a tener éxito en dar con un régimen de licencias que relaje las preocupaciones públicas sin disuadir la inversión. Al igual que en los países más ricos, aún serán recibidos los proyectos mineros, pero no a cualquier precio.